Uno de los extremos sobre el que suele reparar el Consejo Consultivo es el tiempo transcurrido desde que se inicia el procedimiento hasta que se formula la propuesta de resolución que posteriormente se remite al Consejo para le emisión del preceptivo dictamen. El Consejo Consultivo ha advertido en numerosos dictámenes sobre el excesivo tiempo transcurrido y la demora en resolver el procedimiento administrativo, retraso en el que incurren reiteradamente tanto la Administración Autonómica como la Administración Local. Dentro de este espacio temporal, en muchos casos el retraso se debe al tiempo que transcurre desde que se inicia el procedimiento con la presentación de la reclamación por el interesado hasta que ésta es admitida y la Administración comienza a desarrollar la actividad instructora. 

Llama, sin embargo, la atención que, una vez completada la instrucción y concedido el trámite de audiencia, transcurra un excesivo tiempo, a veces más de un año, entre la finalización de aquélla y la elaboración de la propuesta de resolución, o entre ésta y la remisión del expediente al Consejo Consultivo. 

Es razonable que el órgano instructor precise de un cierto tiempo para, a la vista de lo que resulte de las actuaciones practicadas dentro del procedimiento, formular la propuesta de resolución que remitirá al Consejo Consultivo para su dictamen. Sin embargo, el transcurso de un espacio de tiempo como el mencionado de un año, o de varios meses, no parecen tener justificación alguna y juegan claramente en contra de los intereses del reclamante tanto si la resolución final le es favorable como si no lo es. Debe recordarse que el procedimiento administrativo es el cauce formal mediante el cual las Administraciones Públicas manifiestan su voluntad, y, por ello, estas deben cumplir escrupulosamente las normas que rigen dichos procedimientos y garantizar la correcta tramitación del expediente administrativo. 

Ello es consecuencia directa de la previsión contenida en el artículo 103.1 de la Constitución, que impone a las Administraciones Públicas la obligación de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Este sometimiento se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la ley según los principios garantizados por la Constitución en el artículo 9.3. 

Por otra parte, en el ámbito de nuestra Comunidad, no cabe obviar que el artículo 12 del Estatuto de Autonomía establece como derecho de los castellanos y leoneses el derecho a una buena Administración, y consagra en su apartado b) el derecho a “un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable”. 

Esta razonabilidad de los plazos de resolución se concreta en las previsiones legales sobre plazos máximos de resolución, cuya observancia (sin perjuicio de la posibilidad de suspensiones y ampliaciones de plazos) es inexcusable para la Administración. Además, esta razonabilidad está íntimamente ligada con la necesidad de que la actuación administrativa sea no solo eficaz sino también eficiente, ya que ello redundará, sin duda alguna, en un mayor grado de calidad de los servicios públicos. 

Por ello, es importante que la Administración reclamada tenga en cuenta la aplicación de este principio con el fin de evitar retrasos injustificados y evitar que los ciudadanos sufran las consecuencias de una demora injustificada, que puede ocasionar en muchos supuestos un perjuicio concreto a los particulares que, ante la injustificada inactividad o silencio de la Administración, optan por acudir a la vía judicial para obtener la satisfacción de sus pretensiones, con los consiguientes perjuicios económicos (gastos de abogado y procurador) y morales. 

Ha de recordarse que el silencio de la Administración no es una forma de respuesta. El silencio administrativo desestimatorio tiene un carácter meramente procesal y no enerva el deber de la Administración de resolver expresamente todos los procedimientos, impuesto por el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es decir, la obligación de responder subsiste aunque se haya superado el plazo para entender estimada o desestimada la pretensión. 

Como conclusión a esta recomendación procede citar la Sentencia de 22 de septiembre de 1987, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que, ante un retraso de tres años en resolver la petición del interesado, calificó como “absolutamente reprobable” dicho retraso, al incumplirse el deber de la Administración de resolver en plazo y el derecho del particular a obtener resolución en un plazo razonable. Y afirma de manera rotunda que “esto es de todo punto inaceptable en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro, donde la Administración ha de procurar con su actuación ganarse el respeto y la confianza del ciudadano lo que evidentemente aquí no ha hecho”.

(Memorias del Consejo Consultivo de los años 2010 y 2013, 2014, 2015 y 2016).