Las comunidades de regantes son corporaciones de derecho público adscritas al organismo de cuenca correspondiente y forman parte de la llamada Administración Corporativa (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2006). El artículo 82.1 de la Ley de Aguas establece que “Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento”. El Tribunal Supremo (Sentencias de 10 de diciembre de 1990 y 3 de mayo de 1999) las ha calificado como entidades jurídico-públicas de base asociativa, tuteladas por la Administración y con personalidad jurídica independiente. En todo caso, sin perjuicio de la discusión doctrinal que genera su naturaleza jurídica a caballo entre lo público y lo privado, a la luz de lo anteriormente explicado es razonable concluir que las comunidades de regantes no se encuentran incluidas, en principio, dentro del ámbito subjetivo previsto por el artículo 4 de la Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

La falta de competencia del Consejo en este asunto resulta del análisis del sujeto solicitante de la misma, una comunidad de regantes, corporación de derecho público adscrita a un organismo de cuenca, organismo autónomo adscrito, a su vez, al Ministerio de Medio Ambiente. El artículo 4.1.h).1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, exige, para que el Consejo Consultivo deba ser consultado por la Administración, no sólo que la materia sea la recogida en este ordinal -en este caso, reclamaciones de responsabilidad patrimonial-, sino que se trate de un expediente tramitado por la Junta de Castilla y León o por las Administraciones locales. Lo cierto es que esta expresión no comprende, en un interpretación lógica del precepto, a la comunidad de regantes Presa de Villapadierna, corporación de derecho público adscrita (salvo error, pues no consta en el expediente, a la Confederación Hidrográfica del Duero), en virtud del ya citado artículo 82.1 de la Ley de Aguas. Y a la vista de cuanto se ha explicado, no se descubren razones para quebrar la regla general resultante de dicha adscripción aplicada al presente supuesto: la no sujeción a consulta del Consejo Consultivo, puesto que no se puede concluir que entre la citada comunidad y la Administración Autonómica exista el vínculo de tutela necesario a fin de entender incluida a la comunidad de regantes en la expresión “Junta de Castilla y León”, utilizada por el artículo 4.1.h),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril. Efecto, por otro lado, que sería difícilmente compatible con la actual configuración legal de las comunidades de regantes, comunidades de usuarios con el carácter de corporaciones de derecho público adscritas al organismo de cuenca. 

Atendidos, pues, los razonamientos anteriores, este Consejo Consultivo considera que el expediente sometido a consulta, dado su objeto, no se encuentra dentro de lo previsto en el artículo 4.1.h),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, no siendo preceptivo por este motivo su dictamen, al carecer de competencia para emitirlo. 

(Dictamen 548/2009, de 9 de julio)