El artículo 4.1.h).1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, exige, para que el Consejo Consultivo deba ser consultado por la Administración, no sólo que la materia sea la recogida en este ordinal -en este caso, reclamaciones de responsabilidad patrimonial-, sino que se trate de un expediente tramitado por la Junta de Castilla y León o por las Administraciones Locales. Lo cierto es que esta expresión no comprende, en una interpretación lógica del precepto, al Colegio de Abogados de Valladolid, Corporación de derecho público con personalidad jurídica propia no integrada en la Administración autonómica, dado que su Comisión de Asistencia Jurídica ejerce sus funciones, al no haberse producido la transferencia en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia, bajo dependencia orgánica, económica y administrativa, de la Administración General del Estado. 

El citado Reglamento de asistencia jurídica gratuita, de aplicación al reconocimiento de este derecho en relación con todo tipo de procesos ante órganos jurisdiccionales, cuya sede radique en el territorio de Comunidades Autónomas que no hayan recibido los traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia -caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León-, establece en su artículo 34.3º b) que en caso de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la resolución “final, que acuerde o desestime la indemnización reclamada, será adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del colegio respectivo”. 

Por otro lado, el Decreto 70/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, establece en su artículo 8.2 que a la Gerencia Regional de Justicia le corresponde el “estudio, análisis y realización de trabajos previos a la transferencia de funciones y servicios en materia de Administración de Justicia, así como todas las funciones que sean transferidas a la Comunidad Autónoma referentes a la Administración de Justicia y, en particular, (…) la “c) Gestión de la Justicia Gratuita”.

Atendidos, pues, los razonamientos anteriores, este Consejo Consultivo considera que el expediente sometido a consulta, dado su objeto, no se encuentra dentro de lo previsto en el artículo 4.1.h),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. Por este motivo no es preceptivo su dictamen, al carecer de competencia para emitirlo. 

(Dictamen 845/2009, de 22 de septiembre)