La intervención del Consejo Consultivo de Castilla y León en los procedimientos administrativos no es, como regla general, facultativa, sino preceptiva. El artículo 4 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, enumera entre los asuntos en los cuales “el Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Administración”, los “expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Administraciones Locales” relativos a las “reclamaciones de responsabilidad patrimonial” (artículo 4.1.h).1º). La competencia del Consejo se extiende precisamente a esos asuntos, en los cuales su intervención es obligada. Ni la Administración puede en tales casos excusar la consulta, ni al Consejo le está permitido eludir la contestación en forma de dictamen. Fuera de ese listado que recoge el artículo 4 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, al Consejo le está vedado emitir dictamen en procedimiento alguno, salvo en el supuesto de las consultas facultativas previstas en los artículos 5 y 6 de aquélla Ley. 

Hasta la fecha dos son los supuestos, en expediente de responsabilidad patrimonial, en los que este Consejo Consultivo ha considerado de manera expresa que la consulta no era preceptiva: uno, tramitado por un Colegio de Abogados y otro tramitado por una comunidad de regantes.