Los organismos autónomos son Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor, “las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública”. 

Por tanto, es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a una Administración (artículo 4.1.i),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril). La cuantía que determina la preceptividad del dictamen dependerá de la Administración a la que esté adscrito el organismo autónomo (autonómica o local).


(Dictámenes 1.169/2008, de 29 de enero de 2009, y 94/2009, de 19 de febrero)