La normativa aplicable al contrato, y en particular a las causas de resolución del contrato, es la vigente en la fecha de su celebración además de los pliegos que rigen la contratación concreta. Así se desprende de lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 2, tanto de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), que establece que los contratos adjudicados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.