Nominalmente son tres las causas de inadmisión que habilitan a la Administración para adoptarlo: 

  1. Cuando las solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62, defecto que debe apreciarse prima facie, sin necesidad de valorar el fondo del asunto. 
  2. Cuando carezcan manifiestamente de fundamento, resultando clara, evidente, notoria y cierta la falta de motivos. 
  3. Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

Los supuestos de inadmisibilidad, que parecen recogerse con carácter tasado en la Ley, probablemente traten de enfatizar en el hecho de que mientras la resolución final (sobre el fondo del asunto) está sujeta de manera estricta a la apreciación de si concurre o no alguno de los motivos de nulidad específicamente previstos, la inadmisibilidad de la solicitud (en cuanto decisión sobre la “tramitabilidad” de la instancia presentada) puede tener en cuenta otras circunstancias y elementos de juicio. 

Ha de prevenirse que la inadmisión a trámite comporta un juicio que incide sobre intereses en conflicto de muy difícil apreciación prima facie o desde una perspectiva apriorística y que, por su propia naturaleza, ha de ser interpretada en términos absolutamente restrictivos, máxime si tenemos en cuenta que el objetivo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es reforzar las garantías jurídicas de los ciudadanos frente a la actuación de la Administración. 

En cuanto al primero de los motivos, procederá la inadmisión cuando las solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 de la Ley 30/1992. Reseñar únicamente que no cabe amparar la inadmisión en la falta de invocación expresa de una de las concretas causas de nulidad que dicho artículo tipifica, siempre y cuando ésta se deduzca de la solicitud, incluso cuando para ello sea preciso el análisis exhaustivo de los hechos y su ulterior calificación jurídica. La anterior afirmación deriva de la base rectora del procedimiento administrativo y plasmada en el principio pro actione que ha de operar, incluso con mayor intensidad, en esa fase preliminar que integra el denominado “trámite de inadmisión”. Así, en el caso que nos ocupa, parece que el solicitante plantea como motivo de nulidad el previsto en la letra e) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, considerando que el acto se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que alega ilegalidades en el actuar de la comisión de selección y, por lo tanto, en el caso de que el particular hubiese tenido legitimación, no se podría haber acordado una inadmisión a trámite pese a la mera invocación general del solicitante al artículo 62 de la Ley. 

Respecto del segundo motivo, cuando las solicitudes carezcan manifiestamente de fundamento, el propio adverbio empleado por el legislador da cuenta de la excepcionalidad con que debe apreciarse su concurrencia, tal y como se deduce de otros términos adverbiales utilizados por la jurisprudencia para describirla (ostensiblemente, notoriamente...). En efecto, el mismo principio pro actione y la prevalencia de la interpretación más favorable a la eficacia de los derechos de los interesados vedan todo acuerdo obstativo de la tramitación, siendo así que la causa examinada tiende a asegurar que el acuerdo de inadmisión no pueda ser adoptado en contra de los solicitantes si existe la más mínima duda sobre el fundamento de su pretensión, debiendo limitarse la Administración a rechazar pretensiones de todo punto irracionales, ilógicas o arbitrarias. 

Por último, en cuanto al tercero de los motivos, referido a la circunstancia de haberse resuelto en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, tan sólo merece la pena resaltar la necesidad de que la identidad entre ambos términos de comparación debe ser sustancial, sin que puedan dejar de valorarse factores tales como la movilidad de las normas, la evolución jurisprudencial, etc., factores que pueden obligar, en su caso, a un cambio en el criterio previamente aplicado. 

(Dictamen 494/2004, de 30 de agosto)