Según el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el procedimiento para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos podrá iniciarse “a solicitud del interesado”, lo que significa que podrán promover el procedimiento revisor las personas legitimadas conforme a lo previsto en el artículo 31.1 de la mencionada Ley, esto es, los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos. 

Siendo esto así, parece evidente considerar que la definición de interesado, en virtud de los artículos 31 y 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, comprende, junto a quienes resultaran directamente afectados por la resolución de cuya revisión se trata, a los titulares de derechos subjetivos en sentido estricto, así como a todas aquellas personas cuyos intereses legítimos puedan verse afectados. 

La legitimación implica, tal como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2003, una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1997 señala que el concepto de interés legítimo es un concepto “mucho más amplio que el de interés personal y directo (…) y que consiste en el que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás ciudadanos o administrados y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de ese su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. 

»Ese interés, desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional, es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado el propio círculo jurídico vital, y, en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o, incluso, de índole moral (sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos), así como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio, con tal de que la repercusión del mismo no sea lejanamente derivada o indirecta sino resultado inmediato de la resolución dictada o que se dicte o llegue a dictarse. 

»Ese interés legítimo, que abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad), puede prescindir, ya, de las notas de «personal y directo», pues tanto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional (en Sentencias, entre otras, 60/1982, de 11 octubre, 62/1983, de 11 julio, 160/1985, de 28 noviembre), han declarado, al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, que éste no sólo es superador y más amplio que aquél sino también que es, por sí, autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa a dictar ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona”. 

Por su parte, el Consejo de Estado, en el Dictamen número 2.124/1994, de 7 de diciembre, referido a un expediente de revisión de oficio, ha tenido la oportunidad de manifestar respecto de la condición de interesado en esta clase de procedimientos que “la estimación, pues del interés ha de ser amplia y generosa respecto del accionante del procedimiento. Sin embargo el límite último de dicho interés lo constituye la necesaria legitimación con la que se intervenga en el supuesto. Otra cosa supondría dar entrada en los procedimientos revisores generales a una desconocida acción pública de nulidad, lo cual constituye una excepción regulada como tal en supuestos muy concretos. 

»La inexistencia de una acción pública de nulidad en materia de procedimiento administrativo general deriva de la particularidad y especialidad con que sobre determinados supuestos y personas proyecta su eficacia el acto administrativo en que necesariamente debe terminar todo procedimiento. Fundada la acción pública, como su propio nombre indica, en consideraciones protectoras del interés general, no se reconoce su presencia en un estricto ámbito procedimental, como el aquí examinado”. 

(Dictamen 494/2004, de 30 de agosto)