Para dar curso al procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 

  • Que se encuentren en uno de los supuestos enumerados en el artículo 62.1 o que, al amparo de la última letra del citado precepto, estén expresamente previstos en una ley. 
  • Que pongan fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, si bien este último es un requisito que sólo jugará cuando se inicie la revisión a instancia del interesado y no cuando el procedimiento sea instado de oficio por la propia Administración autora del acto. 
  • Que la solicitud de revisión de oficio se inste por persona interesada o que el procedimiento revisorio se inicie de oficio por la propia Administración autora del acto. 

(Dictámenes 842/2008, de 23 de octubre, 156/2009, de 18 de marzo, 647/2010, de 1 de julio, 387/2011, de 5 de mayo, 161/2012, de 22 de marzo, 682/2013, de 24 de octubre, 250/2014, de 19 de junio, 148/2015, de 7 de mayo, 268/2016, de 7 de julio, 512/2016, de 12 de enero de 2017, 11/2017, de 1 de febrero, 509/2017, de 29 de noviembre y 100/2018, de 21 de marzo –éstos últimos aluden al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre-)

En el instituto de la revisión de oficio se distinguen, en primer lugar, los presupuestos básicos que han de darse para que se inicie el procedimiento –los mencionados anteriormente–; en segundo lugar, los motivos que determinarán, en su caso, la declaración de nulidad del acto o disposición –causas de nulidad del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre–; y por último, las causas de inadmisibilidad recogidas en el apartado tercero del artículo 102 de la citada Ley. Estas últimas, como veremos, permiten a la Administración acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados en tres supuestos tasados y sin necesidad, como excepción a la regla general en estos procedimientos, de recabar el dictamen del Consejo de Estado u Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma. 

La Administración puede revisar en cualquier momento sus actos o disposiciones siempre que sean nulos de pleno derecho. El procedimiento de revisión, una vez iniciado, sigue el curso o trámite que determine el órgano competente, pero constituye trámite esencial para declarar la nulidad de los actos o disposiciones objeto de revisión la obtención de un previo dictamen favorable del Consejo de Estado u Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma. En el presente dictamen nos vamos a quedar, sin embargo, en cuanto al examen del procedimiento, en un momento anterior, como es la admisión o no de la propia solicitud de revisión planteada por el particular. 

A la posibilidad de que un particular interesado pida a la Administración que ejercite su potestad de revisión es a lo que tradicionalmente se ha denominado acción de nulidad. Lo que está en juego es el derecho a que se tramite un procedimiento en su integridad, es decir, la viabilidad de las acciones ejercitadas por los interesados y que el ordenamiento jurídico tutela, sin margen al eventual arbitrio de la Administración, que no puede sumirlos en la indefensión rechazando a limine sus pretensiones, sin darles oportunidad siquiera de articular adecuadamente su defensa. 

De este modo lo ha entendido el Tribunal Supremo. La Sentencia de 29 de marzo de 2001 destaca que la revisión de oficio constituye un medio impugnatorio que puede ejercitarse en cualquier momento sin resultar sujeto a plazo preclusivo alguno y que, también en los casos en los que se promueve frente a actos administrativos, genera una especie de derecho al trámite para quien la ejercita. De modo análogo la Sentencia del mismo Tribunal, de 27 de mayo de 1994, señala “(…) vinculando a la Administración autora de los actos a iniciar un procedimiento de revisión, tramitarlo y resolverlo en forma expresa tras recabar el dictamen preceptivo del Consejo de Estado”. 

(Dictamen 494/2004, de 30 de agosto)