Debe recordarse que la doctrina, tanto del Consejo de Estado como de este Consejo Consultivo, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo requieren que, para que pueda haber lugar a la revisión de un acto firme motivado en la causa contemplada en el artículo 62.1.e) -“actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”-, se precisa que la conculcación del procedimiento haya sido de tal magnitud que suponga la concurrencia de anomalías en la tramitación que no consistan en defectos leves. Es necesario apreciar con rigor que el procedimiento se ha violentado de modo terminante y claro (sin que baste con haber prescindido de algún trámite), o que se ha producido alguna anomalía esencial en la tramitación. 

(Dictámenes 281/2004, de 3 de agosto, 845/2005, de 13 de octubre, 456/2006, de 8 de junio, 696/2007, de 6 de septiembre, 233/2008, de 22 de abril, 719/2009, de 27 de agosto, 2/2010, de 18 de febrero, 1.535/2011, de 28 de diciembre, 216/2012, de 19 de abril, 130/2013, de 21 de marzo, 4/2014, de 30 de enero, 85/2015, de 19 de marzo, 190/2015, de 7 de julio, 204/2015, de 16 de junio, 155/2016, de 5 de mayo, y 282/2016, de 28 de julio)

En relación con esta causa de nulidad, es doctrina reiterada del Consejo de Estado que, “para que sea aplicable, es necesario que la conculcación del procedimiento haya sido de tal magnitud que suponga la concurrencia de anomalías en la tramitación que se caractericen por su especial gravedad” (a.e., dictámenes 542/1996, de 7 de marzo; 926/1997, de 3 de abril; 4.894/1997, de 23 de octubre; 6.175/1997, de 19 de febrero de 1998 173/2008, de 30 de abril, o 2.002/2008, de 11 de diciembre). En otros dictámenes, como el nº 2.301/1998, de 10 de septiembre, se dice que “es necesario apreciar con rigor que el procedimiento se ha violentado de modo terminante y claro (...) debiendo justificarse cumplidamente que se ha producido alguna anomalía esencial en su tramitación”. En un sentido similar se ha pronunciado el Tribunal Supremo, al requerir “omisiones sustanciales y de entidad, equiparables a la falta de aquellos requisitos procedimentales que configuran la esencialidad del procedimiento” (Sentencia de 12 de julio de 1993) o bien al entender que se produce por “el seguimiento de un procedimiento completamente opuesto al correcto” (Sentencia de 20 de abril de 1990). E, igualmente, otros dictámenes que exigen “omisiones sustanciales y de entidad, equiparable a la falta de aquellos requisitos procedimentales que configuran la esencialidad del procedimiento” (Dictamen 906/1996, de 28 de marzo), o una omisión de “hitos esenciales” del procedimiento (dictámenes 45.853, de 17 de noviembre de 1983, y 1.532/1992, de 4 de marzo de 1993). 

Sobre esta cuestión, el propio Consejo de Estado en su Dictamen 1.365/2008, de 13 de noviembre, expone que este motivo de nulidad “supone una total inaplicación del procedimiento legalmente establecido, sin que sea suficiente advertir omisiones o infracciones de tramitación. La ausencia total de procedimiento debe ser entendida en el sentido de que no existan los engarces formales necesarios en el iter administrativo para concluir en el acto que se pretende emanar, envolviendo tales ausencias o errores procedimentales un radical vicio con irremediables efectos sobre el acto administrativo final (dictámenes 2.756/96, de 25 de julio, y 1.950/2004, de 23 de septiembre). Ni siquiera la omisión del trámite de audiencia da lugar `siempre y de forma automática´ a la nulidad por esta causa (Dictamen 3.035/95, de 25 de abril), sino que resulta necesario, como señaló la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1991, `ponderar, en cada caso, las consecuencias producidas por tal omisión en la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado el trámite omitido´”. 

(Dictámenes 696/2009, de 30 de julio, 1.372/2009, de 13 de enero de 2010, 262/2011, de 7 de abril, 194/2012, de 12 de abril, 204/2013, de 11 de abril, 682/2013, de 24 de octubre, 204/2015, de 16 de junio, 155/2016, de 5 de mayo, 282/2016, de 28 de julio, y 381/2016, de 6 de octubre) 

El artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contempla un supuesto de infracción procedimental que provoca nulidad de pleno derecho. Hay que tener en cuenta que la infracción de normas procedimentales puede constituir una irregularidad no invalidante (artículo 63.2 Ley 30/1992 contrario sensu), una causa de anulabilidad (artículo 63.2 Ley 30/1992) o una causa de nulidad de pleno derecho (artículo 62.1 e) Ley 30/1992). Depende de si el defecto procedimental no hace que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ni da lugar a indefensión de los interesados, en cuyo caso es una irregularidad no invalidante, de que sí provoque tales consecuencias, en cuyo caso el acto será anulable, o de que suponga prescindir “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, caso en el que el acto será nulo de pleno derecho. 

No obstante la imprecisión terminológica a que conduce la expresión “total y absolutamente”, debe considerarse viciado de nulidad radical no sólo el supuesto en el que se prescinda del procedimiento por entero sino también el caso de que se prescinda de un trámite esencial. En este sentido cabe citar las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997, 21 de mayo de 1997 o 31 de marzo de 1999, entre otras. Lo que sí es necesario para que se produzca el supuesto previsto en el artículo 62.1 e) es que la omisión del procedimiento sea “clara, manifiesta y ostensible” (así, Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de marzo y 28 de abril de 2000). 

(Dictámenes 337/2016, de 31 de agosto, y 460/2016, de 12 de enero de 2017)