Respecto al supuesto de nulidad contenido en la letra c) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, “Los que tengan un contenido imposible”, hay que decir que el acto de contenido imposible es el que, por propio ser o realidad intrínseca, no puede llevarse a cabo, bien porque encierra contradicción interna o en sus términos, bien por su oposición a leyes físicas inexorables o a la que racionalmente se considera insuperable. 

La imposibilidad de los actos administrativos puede ser física, ideal o jurídica. La imposibilidad física de un acto tiene lugar cuando resulta absolutamente inadecuado a la realidad material sobre la que recae, como ocurre si el acto se refiere a un sujeto o a un objeto inexistente. La ideal surge cuando la estructura lógica del acto está defectuosamente conformada al existir dentro de la misma, elementos contradictorios y la jurídica cuando el acto contradice de manera clara y terminante el ordenamiento jurídico por faltar los presupuestos del propio acto.

(Dictamen 297/2012, de 31 de mayo, 552/2013, de 18 de julio, y 190/2015, de 7 de julio)

La jurisprudencia (por todas, Sentencias de 19 de mayo de 2000, 2 de noviembre de 2004 y 31 de mayo de 2012) ha señalado de manera reiterada que la imposibilidad a la que se refiere la ley ha de ser de carácter material o físico, puesto que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a ilegalidad del acto, lo que suele comportar anulabilidad. Y añade que la imposibilidad debe ser también originaria, ya que una imposibilidad sobrevenida comportaría la simple ineficacia del acto. Por tanto, son actos nulos, por tener un contenido imposible, los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que recaen. 

(Dictamen 85/2015, de 19 de marzo)

(…) la nulidad del acuerdo se fundamenta en la causa prevista en la letra c) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actos que tengan un contenido imposible), ya que la prórroga aprobada carece del presupuesto fáctico que la posibilita, esto es, del contrato inicial, ya que éste se declaró nulo en virtud de sentencia. 

En este sentido, cabe traer a colación el Dictamen 117/2009 de este Consejo, que, en relación con la doctrina del Consejo de Estado sobre este motivo de nulidad, señaló lo siguiente: “(…) el Dictamen del Consejo de Estado 246/2007, de 15 de marzo –que se remite al Dictamen 1.531/1996, de 30 de mayo- señala lo siguiente: “La revisión de oficio, sobre todo si es por causa de nulidad de pleno derecho, es una medida tan drástica e implica una potestad tan exorbitante que debe aplicarse con mucho tiento. Así lo viene advirtiendo este Consejo, con apelación a la jurisprudencia, en numerosos dictámenes (como el 42.107, de 23 de marzo de 1979; el 297/93, de 22 de julio, o el 1.387/94, de 21 de septiembre) (...). Este rigor, que no admite interpretaciones extensivas ni aplicación a supuestos de hecho dudosos, es más exigible si cabe cuando -como ocurre en el presente caso- se invoca como causa de nulidad del acto su contenido imposible, por la razón que se expone en el Dictamen 45.742, de 7 de junio de 1984, donde se dice: "El Consejo de Estado se ha mostrado cauteloso a la hora de apreciar la causa de nulidad consistente en el contenido imposible de los actos administrativos, tratando de evitar en concreto que a través de tal causa se canalice todo supuesto de ilegalidad o prohibición". Así pues, la imposibilidad del contenido apunta más al aspecto material que al legal. Es imposible lo que materialmente no se puede realizar, bien sea porque va contra las leyes físicas o bien porque parte de un supuesto de hecho irreal o inexistente. En esta línea, viene sosteniendo el Consejo de Estado, sin pretender agotar todas las modalidades, que es acto de contenido imposible el que no puede llevarse a cabo por oposición a las leyes físicas (Dictamen 51.772, de 7 de abril de 1988) o aquel que carece de los presupuestos básicos indispensables (Dictamen 50.710, de 1 de octubre de 1987). Y, en consecuencia, ha calificado de acto de contenido imposible la adjudicación de un contrato a una persona ya fallecida (Dictamen 45.193, de 28 de abril de 1983) o el nombramiento de un funcionario para un puesto de trabajo inexistente (Dictamen 1.705/94, de 29 de septiembre) o el contrato de permuta cuando una de las partes no es propietaria del bien que ha de entregar (Dictamen 53.403, de 29 de junio de 1989)”. 

Sin perjuicio de lo anterior, no cabe obviar que, al tratarse de un acto administrativo autónomo que, como se ha expuesto ut supra, no puede vincularse jurídicamente al contrato inicial (en cuanto que éste no existe), la denominada prórroga debería considerarse más bien como un nuevo contrato de arrendamiento, adjudicado sin haberse tramitado procedimiento alguno, en cuyo caso concurriría también la causa de nulidad prevista en la letra e) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido). 

(Dictamen 320/2012, de 14 de junio)