En relación con la forma de la autorización para el sometimiento a arbitraje de determinados derechos de la Hacienda de la Comunidad, este Consejo comparte la opinión sustentada en el informe de 21 de julio de 2004 del Gabinete Jurídico de la Gerencia Regional de Salud, en el sentido de que, a pesar del tenor literal del artículo 44.3 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de Castilla y León, antes citado, la forma de tal resolución administrativa ha de ser la de Acuerdo, por aplicación del artículo 70.1 y 2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según el cual “adoptarán la forma de Decreto las disposiciones de carácter general de la Junta de Castilla y León y los de su Presidente” y “adoptarán la forma de Acuerdo las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y las de su Presidente”. 

Es decir, que queda cumplido el requisito formal exigido por el repetido artículo 44.3 para poder someter a arbitraje las contiendas que se susciten acerca de los derechos de la Hacienda de la Comunidad –autorización por Decreto de la Junta de Castilla y León–, mediante Acuerdo de la misma, que se acomoda mejor al régimen de las disposiciones y actos administrativos previstos en la citada Ley 3/2001, sin perder la garantía de la aprobación del máximo órgano de gobierno autonómico. Debe entenderse, en cualquier caso, que al autorizar la firma del Convenio se está autorizando el sistema de arbitraje previsto en el mismo, especialmente en cuanto a las facturas discutidas. 

(Dictámenes 537/2004 y 538/2004, de 11 de noviembre)

La forma de la autorización para el sometimiento a arbitraje de determinados derechos de la Hacienda de la Comunidad es la de Acuerdo de la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, según el cual “adoptarán la forma de Acuerdo las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y las de su Presidente”. 

Debe entenderse, en cualquier caso, que al autorizar la firma del Convenio se está autorizando el sistema de arbitraje previsto en el mismo, especialmente en cuanto a las facturas discutidas. 

Es correcto, por otro lado, la firma del Acuerdo por el Presidente de la Junta de Castilla y León y por el Consejero autor de la propuesta, pues así se prevé expresamente en el apartado 4 del artículo 70 de la referida Ley 3/2001. 

(Dictámenes 527/2006 y 528/2006, de 8 de junio, 488/2008, de 3 de julio, 494/2008, de 10 de julio, 80/2001, de 24 de febrero, 268/2011, de 14 de abril, 473/2013, de 7 de junio, 200/2014 y 201/2014, de 11 de junio, 492/2016, de 14 de diciembre314/2017, de 28 de julio y 471/2017, de 7 de noviembre)