(…) el Consejo de Estado señaló que “la caracterización del contrato de transacción como acto de disposición motivó que en el Código civil se estableciera una previsión específica para las entidades públicas. En concreto, su artículo 1.812 señala que: «Las Corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes». Por lo que afecta al Estado y demás entes públicos, la legislación española ha sido pródiga en afirmar la excepcionalidad del procedimiento transaccional y en exigir las más acabadas solemnidades para su resolución, desde que se promulgara el Real Decreto de 24 de octubre de 1849”. Así lo establecieron las Leyes de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1850 y 1 de julio de 1911; lo mismo cabía deducir del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 1988, y del artículo 40 de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 (hoy derogadas ambas leyes); y actualmente, del artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y del artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

El Consejo de Estado expone que la ley permite, en principio, la transacción de los derechos no económicos, previa la instrucción del oportuno expediente, y que puede también transigirse sobre los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal, tal y como resulta de la legislación presupuestaria. En concreto, el artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone: “Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley [que alude a los procesos concursales], no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno”. 

En nuestra Comunidad, la transacción sobre derechos no económicos se regula en el artículo 20 (“transacción sobre los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad”) de la Ley 11/2006, de 26 octubre 2006, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León (en adelante, Ley de Patrimonio de la Comunidad) transcribiendo casi literalmente el artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La transacción sobre derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad está prevista en el artículo 27.3 de la Ley de Hacienda, de forma similar a la Ley General Presupuestaria, si bien exige Acuerdo de la Junta de Castilla y León. 

Por otra parte, es preciso aludir al artículo 7.3 de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, que dispone que “la transacción judicial o el allanamiento a las pretensiones deducidas de contrario requerirá en todo caso autorización previa de la Junta de Castilla y León”; exigencia reiterada en el artículo 12 del Decreto 17/1996, de 1 de febrero, de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León. 

En conclusión, de acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado, y a la vista de la normativa citada, puede afirmarse que cabe transigir sobre los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad mediante Acuerdo, siempre que concurran los tres requisitos de validez de las transacciones anteriormente mencionados.