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Se puede llegar así a unas primeras conclusiones: Las materias a las que se refiere el Real Decreto 918/2006, de 28 de julio, deben ser incluidas dentro del campo de la asistencia social; la asistencia social es competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, el Estado, en la medida que existan problemas sociales peculiares que requieran y exijan un planteamiento global, puede intervenir al respecto, también mediante medidas de fomento, pero respetando las competencias propias de la Comunidad Autónoma. 

Es decir, la existencia de problemas sociales cuya solución exceda el ámbito autonómico permitiría al Estado intervenir, pero respetando, en lo posible, las competencias de las Comunidades Autónomas afectadas, cuya participación, además, convendría tener en cuenta para precisar los términos en que ha de realizarse tal actividad (y existen instrumentos adecuados para conseguir una actividad cooperativa en la materia), aunque ello no pueda exigirse, sin embargo, en todos los casos. 

En el fundamento jurídico 6º, la propia Sentencia 146/1986 añade que “la acción social en este campo puede canalizarse a través de la ayuda a entidades que realicen labor de Asistencia Social de ámbito estatal, pero no tanto por el ámbito de la Entidad que pretende obtener las ayudas (…), sino porque se trata de planes de acción social de ámbito supracomunitario, en los que la acción como tal, y las ayudas correspondientes no podrían residenciarse en las Comunidades Autónomas”. 

En definitiva, a la luz de la doctrina expuesta, y teniendo en cuenta las circunstancias que derivan del expediente, no parece que exista un particular problema social que requiera intervenciones de asistencia social a nivel supracomunitario, por lo que la regulación contenida en el real decreto objeto del presente dictamen constituiría un exceso competencial del Estado. 

Pero además, se ha omitido la participación de la Comunidad de Castilla y León en la elaboración de la norma estatal. Tampoco dicha participación se prevé en la gestión de las subvenciones que se concedan. 

E) En conclusión, la asistencia social es una materia competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León. La actuación del Estado sólo estaría justificada por un interés supracomunitario no acreditado en el Real Decreto 918/2006, de 28 de julio. 

El Estado carece de títulos competenciales que puedan superponerse a la competencia de la Comunidad. La invocación del artículo 9.2 de la Constitución es una competencia genérica, y el artículo 50 no atribuye competencias al respecto. Además no ha quedado justificado que haya existido dejación por la Comunidad Autónoma que aconseje garantizar una igualdad supuestamente alterada sólo en estos ayuntamientos y no en los demás del territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

Finalmente, no cabe olvidar que el Real Decreto 918/2006, de 28 de julio, tiene incidencia sobre la autonomía financiera de la Comunidad, por cuanto los centros de atención se integrarán en el Sistema de Acción Social de Castilla y León (artículo 2 de la Ley 18/1988, de 23 de diciembre). Ello podría implicar que determinados ayuntamientos beneficiarios de estas subvenciones, por las dificultades o limitaciones de su capacidad financiera, necesitaran en el futuro –una vez entren en funcionamiento las instalaciones cuya conclusión se fomenta– el apoyo económico y la supervisión imprescindible de la Comunidad Autónoma para mantener una adecuada prestación de estos servicios y la viabilidad económica de tales centros de atención. Estos efectos resultan aún más evidentes en las iniciativas no amparadas ni recogidas en la planificación de la Comunidad, por tratarse de proyectos que carecen de garantías de viabilidad y estar desaconsejados por motivos técnicos objetivos.