El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 539 dictámenes el pasado año y el TARCCYL resolvió 180 recursos
- El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, destaca el particular diseño de una institución que integra dos órganos y subraya el compromiso por seguir contribuyendo a la garantía general del Estado de Derecho en la Comunidad, a través de sus atribuciones
- Valladolid, León y Salamanca son las provincias de las que proceden más número de dictámenes
- Los expedientes de responsabilidad patrimonial (362) han sido los más numerosos, suponiendo el 67,16% del volumen anual de dictámenes
- El 53,99% de las consultas (291) proceden de las administraciones locales, el 45,08% (243) de la administración autonómica, y el 0,93% (5) de las universidades públicas
- El 63,89% de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación
- La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el pasado año alcanza 1.580 millones de euros en litigio
El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 539 dictámenes el pasado año y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 180 recursos, según recoge la Memoria presentada hoy por el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, en sesión pública y solemne presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, destaca la labor que desarrolla esta Institución Propia que integra dos órganos: el Consejo, que ejerce la función jurídico-consultiva con carácter superior y no vinculante; y el Tribunal Administrativo, encargado de resolver el recurso especial en materia de contratación pública, con carácter vinculante y similitudes evidentes con los fallos judiciales.
En este sentido, explica que el hecho de que se hayan cumplido más de 20 años desde el inicio del Consejo y más de una década desde la adscripción del TARCCYL refleja el acierto de su particular diseño que compatibiliza dos funciones jurídicas en una institución consolidada por el Estatuto de Autonomía como órgano jurídico superior de la Comunidad.
S. de Vega subraya el papel de la institución como garantía y control de la actuación administrativa explicando que de los datos recogidos en la Memoria puede deducirse que las administraciones siguen confiando en el Consultivo, como garante jurídico de los procedimientos y de la legalidad de la actuación administrativa. Los ciudadanos, por su parte, reconocen la cercanía y rapidez de la emisión de los dictámenes de cara a la protección de sus derechos cotidianos, principalmente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, los más numerosos. Del mismo modo señala que los datos del Tribunal Administrativo siguen confirmando la voluntad de ofrecer una justicia rápida y gratuita a la litigiosidad en materia de contratación pública, lo que refleja que este sistema de garantía prejudicial genera sólida confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, insiste, además, en el compromiso de la institución por seguir contribuyendo a la garantía general del Estado de Derecho en la Comunidad, a través de sus atribuciones.
Por otro lado, señalar que las instituciones consultantes confirman el parecer del Consejo en un porcentaje del 96%, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.
En cuanto a la función consultiva, Valladolid, con 119 dictámenes, León, con 88, y Salamanca, con 84, son las provincias de las que proceden más dictámenes. El número de dictámenes provincializados (493) difiere del total (539) porque solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia. Hay 46 expedientes que no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial (362), que son los más frecuentes, han supuesto el 67% del volumen anual de dictámenes del Consejo; a éstos siguen los de revisión de oficio, que suponen un 12,62% del total.
Por materias, el mayor número de dictámenes (155) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), 53 son de ámbito sanitario, y 47 de ellos están relacionados con infraestructuras (instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento). Asimismo, 35 están relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente). En cuanto a la provincialización de los expedientes de responsabilidad patrimonial, ésta se realiza según el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman.
El 53,99% de las consultas (291) proceden de las administraciones locales, el 45,08% (243) de la administración autonómica, y el 0,93% de las universidades públicas (5).
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2023 se resolvieron 180 recursos.
El 63,89% de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (39,44%).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 38 actos recurridos (21,11%). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 65 (36,11%).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido.
La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.580 millones de euros en litigio.
La Memoria hoy presentada, junto al resumen anual de la actividad realizada por Consejo y Tribunal, también recoge, entre otros aspectos, los diversos encuentros en los que la institución ha participado, enmarcados en el compromiso de la transferencia del conocimiento; el resumen de la doctrina emanada por ambos órganos; y el índice de los expedientes dictaminados y de los recursos resueltos.
