Ángeles Armisén y Mario Amilivia 53 de los 513 dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo de Castilla y León durante 2016, un 10,3%, se originaron por consultas iniciadas por las administraciones –autonómica y local, principalmente- en la provincia de Palencia. Además de los dictámenes despachados, el órgano de control externo de las administraciones resolvió 96 recursos en su función añadida de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), mediante el cual se está depurando la contratación administrativa en la Comunidad Autónoma, garantizando la libre concurrencia e igualdad de trato.

El Consejo, una de las 4 Instituciones Propias de Castilla y León, lo integran el presidente Mario Amilivia y los consejeros Francisco Ramos y José I. Sobrini.

La provincia palentina se encuentra en la mitad del ranking provincial en número de dictámenes, por delante de Soria, Segovia, Zamora y Ávila, aunque proporcionalmente a su número de habitantes siempre está entre las primeras provincias en solicitudes de consulta por parte de las distintas administraciones. Con los dictámenes emitidos en 2016, la provincia de Palencia alcanza los 1.572 desde que el Consejo inició sus funciones de asesoramiento y control externo, en 2003. La suma de todos los dictámenes aprobados por la Institución supera los 13.600.

Mediante estos dictámenes con destino en la provincia –preceptivos, a excepción de uno de carácter facultativo- se garantiza seguridad jurídica a las distintas Administraciones (Consejerías, Ayuntamientos, Diputación, Juntas Vecinales, etc.), favoreciendo y aconsejando el acierto de las mismas, al tiempo que son una salvaguarda para el ejercicio y la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Especialmente importantes son los dictámenes jurídico-normativos aprobados todos los años, los relativos a los anteproyectos de ley y proyectos de decreto mediante los cuales el Consejo participa callada y sosegadamente en la mejora técnica y jurídica de las normas que afectan a los castellanos y leoneses. En 2016 aprobó los dictámenes de 4 anteproyectos de ley y de 24 proyectos de decreto. Asistentes a la Jornada

La mayor parte de los informes correspondientes a Palencia [39 de los 53 totales] derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial, es decir, de aquellas en las que los afectados reclaman una indemnización por daños y perjuicios a causa del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Le siguen los referentes a consultas obre recursos administrativos (5); revisión de oficio de actos administrativos (4); modificación de planes urbanísticos (2); concesiones administrativas (1); contratación administrativa (1), así como el dictamen derivado de la consulta facultativa planteada por la Junta Vecinal de San Andrés de la Regla sobre la posible responsabilidad de la Junta y de la Diputación Provincial de Palencia por los daños y perjuicios ocasionados por un incendio producido en unos Montes de Utilidad Pública (La Cerra de San Andrés). El Consejo concluyó que la vía facultativa no era la adecuada para dilucidar, en su caso, algún tipo de responsabilidad de las administraciones.

Los dictámenes sobre revisión de oficio fueron solicitados por el Ayuntamiento de Paredes de Nava y por la Consejería de Economía y Hacienda.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial, de los 39 dictámenes aprobados, 14 derivaron de consultas sobre daños causados por el mobiliario urbano, 9 por reclamaciones del ámbito sanitario –supuestos de mala praxis fundamentalmente-; otras tantas por daños en accidentes por mal estado de las calzadas; 6 por otras causas vinculadas a los servicios públicos y una por una reclamación sobre selección de plazas de funcionarios.

El Ayuntamiento de Palencia generó 21 dictámenes, la mayoría de ellos por reclamaciones ciudadanas sobre caídas en las aceras (9), por accidentes a causa del mal estado de las calzadas -5- (carril-bici, paso de peatones…); y otras causas como es el caso de los daños causados por obras municipales o la caída en una piscina.

El Consistorio capitalino también generó un dictamen sobre la interpretación de la concesión del servicio público de transporte urbano, y otro sobre la resolución de contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Centro Integral de Transportes. La Diputación generó dos dictámenes, los dos por reclamaciones patrimoniales: por la caída en un carril-bici a causa de un bolardo y por un accidente de moto como consecuencia de la existencia de gravilla en la calzada.

Los dictámenes sobre modificación de los planes urbanísticos derivaron de las consultas de la Administración autonómica sobre la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Monzón de Campos y la modificación puntual planteada en Husillos.

Además de la capital y la Diputación las consultas del ámbito local derivaron de los ayuntamientos de Aguilar de Campoó, Astudillo, Becerril de Campos, Villovieco, Paredes de Nava y la Junta Vecinal de San Andrés de la Regla.

Las consultas sobre responsabilidad patrimonial iniciadas en la provincia alcanzaron 1.758.000 euros en reclamaciones indemnizatorias. En seis supuestos los dictámenes fueron estimatorios o estimatorios parciales, en un caso no procedió emitir dictamen y el resto fueron desestimatorios, coincidiendo mayoritariamente con las propuestas de las administraciones. El grado de seguimiento de los dictámenes del Consejo por parte de las Administraciones consultantes volvió a registrar un alto porcentaje en 2016, más de un 97%, todo ello pese a que no tienen carácter vinculante.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

En relación con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), se han venido aplicando las nuevas Directivas Europeas, depurando la contratación administrativa desde la independencia y la transparencia, con resoluciones en un plazo de apenas 30 días, mediante una tutela jurídica ágil y eficaz, ofreciendo seguridad jurídica. El Tribunal que también integran Mario Amilivia, Francisco Ramos y José I. Sobrini resolvió 96 recursos en 2016, interviniendo en expedientes que alcanzaron los 640 millones de euros.

De las resoluciones aprobadas, dos derivaron de recursos iniciados en Palencia: por un contrato de mantenimiento de carreteras de la Diputación y por el contrato del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Palencia. Se dictó resolución desestimatoria en relación al primero, mientras que el segundo fue inadmitido.

A nivel de Castilla y León, los contratos de servicios y suministros concentraron el 90% de los recursos despachados. Por su procedencia, destacaron los de las Consejerías de la Junta de Castilla y León y los de los ayuntamientos y diputaciones.

Con la actividad de 2016, el Tribunal ha resuelto 402 recursos. Desde el inicio de sus funciones, adscrito al Consejo Consultivo, se ha intervenido en recursos que suman 3.300 millones de euros, lo que da una idea de la trascendencia de sus decisiones.




















Consejo Consultivo de Castilla y León