87 de los 513 dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo de Castilla y León durante 2016, un 17%, se originaron por consultas iniciadas por las administraciones –autonómica y local, principalmente- en la provincia leonesa. Además de los dictámenes despachados, el órgano de control externo de las administraciones resolvió 96 recursos en su función añadida de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), mediante el cual se está depurando la contratación administrativa en la Comunidad Autónoma, garantizando la libre concurrencia e igualdad de trato. Jornada formativa celebrada en León

León fue nuevamente la provincia que generó mayor número de dictámenes, seguida de Burgos (78) y de Valladolid (73). Con los dictámenes aprobados el año pasado, la institución propia de la Comunidad Autónoma presidida por el leonés Mario Amilivia en Zamora alcanza los 13.627, y León concentra el mayor número de ellos 3.437, el 25,2%. En 2016 fueron tramitadas 516 consultas y se emitieron finalmente 513 dictámenes, 5 de ellos de carácter facultativo y el resto preceptivo. 41 consultas fueron inadmitidas. Aunque el plazo de emisión de dictámenes es de 20 días, el órgano de control aprobó un gran porcentaje de ellos acortando dicho margen.

La Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones, Juntas Vecinales y otras entidades) remitieron 299 consultas al Consejo, la Administración Autonómica 211 y las Unversidades de León y Salamanca 3.

Mediante estos dictámenes –preceptivos fundamentalmente- aprobados semana a semana  se garantiza seguridad jurídica a las distintas Administraciones (Consejerías, Ayuntamientos, Diputación, Juntas Vecinales, etc.), favoreciendo y aconsejando el acierto de las mismas, al tiempo que son una salvaguarda para el ejercicio y la efectividad de los derechos de los ciudadanos, en definitiva, para una “buena administración y mejora de la calidad democrática”. Especialmente importantes son los dictámenes jurídico-normativos aprobados todos los años, los relativos a los anteproyectos de ley y proyectos de decreto mediante los cuales el Consejo participa callada y sosegadamente en la mejora técnica y jurídica de las normas que afectan a los castellanos y leoneses. En 2016 aprobó los dictámenes de 4 anteproyectos de ley y de 24 proyectos de decreto. Sobrini y Gracia en la ponencia sobre el TARCCyL

La mayor parte de los dictámenes correspondientes a León [64 de los 87] derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial, es decir, de aquellas en las que los afectados reclaman una indemnización por daños y perjuicios a causa del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Le siguen en cantidad (11) los dictámenes sobre revisión de oficio de los actos administrativos, que este año alcanzaron los 56 en el conjunto de Castilla y León; los dictámenes sobre contratación administrativa (5); los relativos a una modificación de planes urbanísticos (3); los de recursos administrativos (1), concesiones administrativas (1) y régimen local (1). El dictamen facultativo derivó de la consulta formulada por el Ayuntamiento de León en relación a la aplicación de las directivas comunitarias que regulan la contratación administrativa sobre la encomienda de gestión a Somacyl.

Los dictámenes sobre revisión de oficio derivaron de consultas de los ayuntamientos de León, Ponferrada, Villamañán, Villablino, Santa María del Páramo y San Justo de la Vega, además de las consultas de Serfunle y una de la Consejería de Educación.

Los 5 expedientes sobre contratación administrativa lo fueron por resoluciones de contrato en los ayuntamientos de Villamañán, La Robla y la Universidad, a las que se suman una de un contrato de limpieza de la Consejería de Igualdad y Oportunidades, y la referente a la gestión de la línea de ferrocarril para transporte público Cubillos del Sil-Villablino.

Los dictámenes sobre modificación de planes urbanísticos fueron los referentes a las normas de Valverde de la Virgen, la ordenación de un sector del planeamiento de San Andrés del Rabanedo y una modificación de las normas urbanísticas de Sabero. Jornada celebrada en Ponferrada (León)

A destacar, asimismo la consulta sobre la solicitud de alteración parcial de los términos municipales de Bembibre y Castropodame, aunque ante el estado del citado procedimiento finalmente no procedió emitir el correspondiente dictamen.

Dentro de la responsabilidad patrimonial depurada por el Consultivo, de los 64 dictámenes emitidos, los más numerosos fueron los referidos a las consultas ciudadanas por daños a causa del mal estado del mobiliario urbano de los ayuntamientos (23); por accidentes a causa del mal estado de las calzadas (15) o por reclamaciones ante deficientes asistencias sanitarias en hospitales, clínicas o centros de salud (13).

Todos los procedimientos sobre responsabilidad patrimonial referentes a la provincia de León en los que intervino el Consejo Consultivo el año pasado alcanzaron 1.751.371 euros; en el conjunto de Castilla y León el importe fue de 40,3 millones, siendo las reclamaciones sanitarias (17,4 millones) las segundas más importantes en cantidad.

Las 3 reclamaciones patrimoniales más altas registradas en la provincia de León en 2016 se corresponden con consultas de índole sanitaria por supuestos de mala praxis en el Complejo Asistencial (200.000, 162.500 y 147.700 euros).

Por capitales de provincia, la ciudad de León fue también la primera en número de dictámenes (30), seguida de Salamanca (28), Burgos (25), Palencia (21), Zamora (14), Segovia (10) y Valladolid y Ávila (5) respectivamente.

Los dictámenes más habituales derivados de las consultas remitidas desde el Ayuntamiento de la capital fueron 27 sobre otros tantos procedimientos de responsabilidad patrimonial: reclamaciones de ciudadanos por caídas en las aceras, caídas en bicicleta por baches en un carril-bici, el tropezón con la rejilla de una alcantarilla a la salida del mercado de Colón, caídas de árboles sobre la calzada, un golpe con un semáforo, el traspiés de un usuario de taxi al bajarse en la céntrica avenida de Ordoño II o una colisión con un contenedor son ejemplos de este tipo de dictámenes. Además, el Consejo emitió dos sobre revisión de oficio de los actos administrativos (ambos sobre la licencia de apertura de un bar musical) y el facultativo que había sido solicitado ante las dudas que generó la hipotética encomienda de gestión a Somacyl para la renovación del alumbrado público de la ciudad.

León acogió el 6 de mayo una de las jornadas formativas celebradas por el Consejo en colaboración con la Diputación dirigidas a los alcaldes, secretarios y asesores legales de los ayuntamientos para acercar la labor del órgano de control y asesoramiento e incidir en la importancia de los dictámenes preceptivos y también de los facultativos. Jornadas que también se celebraron en Palencia, Burgos y Salamanca. El Consejo celebró su plenario el 2 de diciembre en el Ayuntamiento de Ponferrada. Esa misma jornada se llevó a cabo un encuentro con el Consejo Comarcal de El Bierzo.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

En relación con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), se han venido aplicando las nuevas Directivas Europeas, depurando la contratación administrativa desde la independencia y la transparencia, con resoluciones en un plazo de apenas 30 días, mediante una tutela jurídica ágil y eficaz, ofreciendo seguridad jurídica. El Tribunal que también preside Amilivia resolvió 96 recursos en 2016 (88 resoluciones y 8 acuerdos), interviniendo en expedientes que alcanzaron los 640 millones de euros. De las 88 resoluciones dictadas, 43 fueron desestimatorias, 27 estimatorias y estimatorias parciales y 18 inadmisiones.

De las 88 resoluciones, 3 derivaron de recursos iniciados en León (por el servicio de teleasistencia domiciliaria de León y por el contrato de servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en las Áreas de Salud de León y El Bierzo). En este último caso la resolución fue estimatoria parcial.

Los contratos de servicios y suministros concentraron el 90% de los recursos despachados. Por su procedencia, destacaron los de las Consejerías de la Junta de Castilla y León (38) y los de los ayuntamientos y diputaciones (39).

Con la actividad de 2016, el Tribunal ha resuelto 402 recursos. Desde el inicio de sus funciones, adscrito al Consejo Consultivo, se ha intervenido en recursos que suman 3.300 millones de euros, lo que da una idea de la trascendencia de sus decisiones.

Consejo Consultivo de Castilla y León