Apertura de la Jornada Las consultas remitidas por las administraciones autonómica y local en la provincia de Ávila al Consejo Consultivo de Castilla y León han generado 438 dictámenes desde el inicio de la función consultiva en el año 2003, un 3,2% del total de los aprobados por la Institución propia de la Comunidad Autónoma, que alcanzan los 13.790 en la actualidad. Dictámenes, fundamentalmente de carácter preceptivo, con los que el Consejo Consultivo ha ejercido un control previo de legalidad, garantizando el ejercicio y la efectividad de derechos ciudadanos establecidos por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y permitiendo una buena administración mediante su tarea de asesoramiento y de tutela externa.

Con la jornada de hoy en Ávila y la que próximamente tendrá lugar en Soria, la Institución culminará su presencia en las 9 provincias de Castilla y León dando a conocer, con afán de cercanía y de una manera eminentemente práctica, todos los procedimientos que tramitan las entidades locales y en los que el Consejo Consultivo supone una importantísima garantía no sólo para los intereses de los ciudadanos sino también para el acierto de las administraciones.

Así lo resaltó hoy el presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Mario Amilivia, en la jornada de formación celebrada en Ávila, en colaboración con la Diputación Provincial, y dirigida como en anteriores jornadas a los secretarios, interventores y demás asesores legales de las entidades locales de la provincia, que han podido cono Asistentes a la Jornada cer de primera mano la importancia de contar en distintos supuestos con el aval técnico y jurídico de los dictámenes que aprueba el órgano de control externo. Función consultiva que implica una tarea pedagógica, especialmente para los pequeños municipios por el déficit de asesoramiento técnico que presentan en circunstancias como la dispersión territorial. Función que tuvo su origen hace ahora 15 años con la aprobación de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo.

Por todo ello, el presidente del órgano de control hizo un llamamiento a las administraciones, especialmente a los 248 ayuntamientos de la provincia, para que recaben en todos los supuestos previstos por la Ley los dictámenes que elabora el Consejo Consultivo.

En los últimos 3 años se ha invertido la tendencia en relación a los dictámenes que genera la provincia abulense ya que desde 2014 más del 50% de los dictámenes solicitados derivan de las consultas que presentan las entidades locales, correspondiendo históricamente al Ayuntamiento de Ávila un total de 38 y a la Diputación Provincial 20. Hasta dicho año, las consultas de la Administración autonómica venían superando las de los municipios. Por parte de la Administración autonómica, las Consejerías que más dictámenes han generado han sido las de Sanidad y Medio Ambiente, en este caso por los procedimientos que se iniciaron con ocasión del incendio del vertedero municipal de Cebreros. Primera ponencia sobre dictámenes

Según la Memoria de actividad del año 2016, las entidades locales solicitaron 13 dictámenes (Ávila 5, Piedralaves 1 facultativa, Maello 2, Mironcillo 1, Cebreros 1, San García de Ingelmos 1, El Barco 1 y Madrigal de las Altas Torres 1), mientras que la Administración autonómica generó 6 (Educación 2, Familia e Igualdad de Oportunidades 1 y Sanidad 3).

Especial repercusión se ha dado en las ponencias a los dictámenes sobre consultas de responsabilidad patrimonial, aquellas en las que se reclaman daños y perjuicios por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos y que representan el 70% del total de los aprobados el ejercicio anterior. En el caso de Ávila, los 11 dictámenes de responsabilidad patrimonial aprobados el año pasado incluyeron reclamaciones por un importe global de 4,7 millones de euros.

La consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Piedralaves se interesó sobre la encomienda de gestión a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (S El consejero Sobrini y Luis Gracia OMACYL) para un proyecto de mejora de las instalaciones de alumbrado público del municipio. Consultas que, como en este caso, pueden presentar los ayuntamientos en cuestiones de especial transcendencia o repercusión, pero que aún representan un mínimo porcentaje del total de las consultas.

En lo que va de año, la provincia ha generado 12 dictámenes de un total de 162, 11 de los cuales lo han sido por cuestiones de responsabilidad patrimonial y 1 por una revisión de oficio. En la jornada han intervenido también por parte de la institución propia con sede en Zamora los consejeros Francisco Ramos y José I. Sobrini, así como los letrados María G. Fonseca y Luis Gracia, secretaria del Pleno y secretario del Tribunal de Recursos Contractuales.

Se refirió también Mario Amilivia a la función añadida del órgano de control externo como Tribunal de Recursos Contractuales. Tribunal creado mediante la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y que tiene el cometido principal de garantizar que en la preparación y adjudicación de los contratos del sector público de la Comunidad Autónoma se apliquen adecuadamente las normas y principios que los disciplinan, mediante una adecuada tutela jurídica de los candidatos y licitadores.

En estos 5 años el Tribunal ha resuelto más de 420 recursos, 14 de los cuales se originaron en la provincia de Ávila, superando su importe global los 35 millones de euros. Este último año el plazo medio de resolución de los asuntos fue de 32 días contados desde la interposición del recurso, mientras que la duración media del procedimiento fue de apenas 22,6 días hábiles, expresión de celeridad y eficacia.

De los 92 recursos resueltos en 2016, sólo 5 recurrentes acudieron a la vía contenciosa tras tener conocimiento de la resolución correspondiente del Tribunal. El porcentaje global de los acuerdos y resoluciones impugnados desde 2012 es de solo el 3%, reflejo de que la motivación y calidad de sus resoluciones constituyen la principal arma disuasoria para acudir a la vía contenciosa. La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos el año pasado superó los 673 millones de euros, y en el cómputo global se acerca ya a los 3.500 millones de euros.



Consejo Consultivo de Castilla y León