Imagen del Pleno de la Memoria 2016 El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió el año 2017 un total de 571 dictámenes, lo que supone un incremento de actividad del 11,3% sobre el año anterior, datos que siguen situándolo, proporcionalmente a su composición, como el más activo de estos órganos autonómicos de control externo de las administraciones. El aumento obedece al incremento del 22% con respecto a 2016 registrado en las consultas sobre responsabilidad patrimonial (438 frente a 359).

Mediante la emisión de los dictámenes solicitados por las administraciones, el Consejo Consultivo ejerce una labor de control preventivo de legalidad sobre la actuación de aquellas, aportando una garantía de seguridad jurídica tanto para las administraciones como para los ciudadanos. Informes, un año más, aprobados por la unanimidad del órgano integrado por el presidente Mario Amilivia y los consejeros Francisco Ramos y José I. Sobrini. Objetividad, independencia, transparencia y plazos breves en la emisión de dictámenes fueron las características principales del órgano durante este ejercicio.

Con los datos de este año, el Consejo Consultivo llega a los 14.200 dictámenes aprobados desde el inicio de su actividad en el año 2003. El 86,4% de ellos (12.264) fueron solicitados por reclamaciones de responsabilidad frente a supuestos de daños y perjuicios generados por las administraciones local y autonómica.

La institución propia de Castilla y León con sede en la ciudad de Zamora ejerce también, aunque en un ámbito distinto desde 2012, las competencias de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL). Los datos del Tribunal reflejan también un incremento de actividad con respecto al año pasado (un 17% más), ya que se ha cerrado el ejercicio con 119 recursos resueltos Fotografia de la jornada celebrada en Ponferrada , una labor mediante la cual se continúa depurando la contratación pública de la Comunidad con eficacia, transparencia, celeridad y seguridad jurídica. El TARCCyL ha resuelto en estos 6 años unos 520 recursos por un importe global de más de 3.800 millones de euros de distintos contratos de las administraciones de Castilla y León. En el año 2017, el Tribunal intervino en la resolución de recursos sobre contratación que alcanzaron los 426,5 millones de euros. El Tribunal presidido por Amilivia estimó total o parcialmente 39 de esos recursos y desestimó 46. En el resto de los casos resolvió inadmisiones y acuerdos. Con esta labor, el TARCCyL coadyuva al ahorro de dinero público y reduce litigiosidad, además de interminables plazos en el contencioso.

En 2017 las solicitudes de consultas de las administraciones de Castilla y León alcanzaron los 600 expedientes. Finalmente, de los 571 dictámenes aprobados hasta el pasado 28 de diciembre, el 80% fueron en sentido favorable a la resolución de la administración. Expresión de esta tendencia son los datos relativos a los dictámenes de responsabilidad patrimonial: en 360 de los 438 dictámenes aprobados (un 82,2%) existió plena coincidencia entre las propuestas que incorporaban las administraciones en sus consultas y el sentido final expresado en ellas por el Consejo Consultivo.

En relación a los dictámenes emitidos, el 55,3% (316) derivó de cons Encuentro con el presidente del Consultivo gallego ultas formuladas por las administraciones locales; el 43,7% (250) de consultas de la administración autonómica y el 0,9% (5) de las universidades.

Por provincias, Valladolid y León son las primeras en la procedencia de consultas con 109 y 103 respectivamente, seguidas de las de Burgos (84), Salamanca (64), Zamora (60), Palencia (42), Segovia (27), Ávila (27), Soria (12), mientras que 43 tenían como ámbito el conjunto de la Comunidad Autónoma.

No ha sido ajeno en el aumento en el número de dictámenes aprobados en el ejercicio el buen comportamiento de las entidades locales, especialmente las capitales de provincia, a la hora de recabar los dictámenes de carácter preceptivo. Ejemplo de esta tendencia positiva son los ayuntamientos de Valladolid, que solicitó 39 dictámenes; León con 33, Burgos 22, Palencia (22) o Zamora (14).

Si se atiende a las materias sobre las que versaron estos dictámenes, un año más las más numerosas fueron las solicitudes relativas a responsabilidad patrimonial, 438 (el 76,7%). Ya muy detrás, 37 derivaron de consultas sobre revisión de oficio, 33 de reglamentos ejecutivos, 22 de recursos administrativos, 19 de contratación administrativa, 7 de modificación de planes urbanísticos y 6 de anteproyectos de ley. El resto fueron solicitudes sobre cónsul relativas a concesiones administrativas, convenios y acuerdos, cuestiones sobre régimen local y consultas facultativas.

Las consultas sobre responsabilidad patrimonial totalizaron 32 millones de euros en el global de reclamación de indemnizaciones. De los 438 dictámenes emitidos sobre este tipo de consultas, 293 fueron en sentido desestimatorio, 24 estimatorio y 43 estimatorio parcial (en todos los casos coincidiendo dictamen y propuesta de resolución administrativa). En otros 78 supuestos el sentido final del Consejo varió sobre la resolución que había sido propuesta en las consultas por las respectivas administraciones.

Las dos únicas consultas facultativas formuladas este año (solicitudes que deben ser aprobadas con carácter previo por el pleno de las administraciones y que versen sobre asuntos de especial transcendencia o repercusión) fueron las del Ayuntamiento de Bercianos del Páramo (León) sobre el régimen fiscal de los bienes de las entidades locales menores, y del Ayuntamiento de León sobre el funcionamiento del Consorcio provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia (GERSUL).

El balance de 2017 incluye la celebración de seis plenos, en los que se dictaminaron 6 anteproyectos de ley, entre ellos el relativo a la ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial; el de la ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, o de la ley por la que se modifica la Ley 4/2012, de 11 de abril de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. Desde 2003 hasta la fecha, el Consejo Consultivo ha dictaminado 135 leyes.

También fue muy importante el número de reglamentos ejecutivos dictaminados en el ejercicio, 33. En estos años de función consultiva se han dictaminado 342 proyectos de este tipo. Una labor callada que supone cada año un aporte nada desdeñable para la mejora de la calidad jurídica de normas y proyectos de decreto.

Un ejercicio en el que la página web del Consejo ha sido nuevamente expresión de utilidad y acceso moderno y atractivo, ya que no en vano se han registrado 577.417 accesos a los contenidos de la web, superándose los datos de visitas del año pasado. Dictámenes (especialmente los relativos a responsabilidad patrimonial y resoluciones del Tribunal son algunos de los apartados más visitados.

Dictámenes de ámbito sanitario

De los 438 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, un 32% (140 informes) se iniciaron por consultas sobre posibles asistencias médicas deficientes, fundamentalmente por asuntos de mala praxis. Se han emitido 55 dictámenes de ámbito sanitario más que el año pasado, cuando sumaron 85 en total. Las indemnizaciones reclamadas en las consultas ‘sanitarias’ que ha estudiado el Consejo en 2017 suman 12,8 millones de euros. De los 140 dictámenes aprobados, 108 fueron en sentido desestimatorio; 5 estimatorio y 27 estimatorio parcial.

Las provincias en las que se iniciaron más consultas por reclamaciones en el ámbito sanitario fueron las de Valladolid (39), Burgos (34) y León (29), seguidas de Ávila (12), Salamanca (9), Zamora (8), Palencia y Segovia (4 respectivamente) y Soria (1).

Además, el 24,2% (106 dictámenes) derivaron de consultas por daños ocasionados por el mobiliario urbano, caídas en las aceras especialmente, y 24,9% (109) tuvieron origen en consultas sobre daños de distinto índole generados en el ámbito de las administraciones (cancelación de subvenciones, accidentes en espectáculos taurinos, caídas en piscinas, daños producidos por las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, daños causados por obras municipales…).

De la comparativa con 2016 también se desprende que se mantienen similares las consultas sobre reclamaciones de daños por atropellos de fauna salvaje (10 en 2016, 12 este año); las derivadas de daños por accidentes a causa del mal estado de algunas calzadas (56 en 2016, 64 este ejercicio), mientras que las consultas por daños de la fauna, ámbito escolar o daños durante la actividad profesional son mínimas este año.

El Consejo Consultivo hizo constar una advertencia sobre el exceso de plazo en la tramitación administrativa del correspondiente expediente de consulta en 247 ocasiones, es decir, en un 43,2% de las consultas presentadas. Retrasos en materia administrativa que contravienen los principios de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos a los que se deben todas las administraciones, entre otros.

Un pormenorizado detalle sobre la actividad del Consejo Consultivo se dará a conocer próximamente con ocasión de la aprobación de la Memoria. Un balance a fondo que incluirá como todos los años distintas mociones y recomendaciones para el mejor funcionamiento de las administraciones públicas.

El Consejo Consultivo celebró este año jornadas formativas en Ávila, Segovia y Soria, en colaboración con las respectivas diputaciones, así como jornadas informativas dirigidas a las entidades locales al efecto de acercar la función de la institución e insistir en que éstas recaben regularmente los dictámenes correspondientes. Así, se celebraron jornadas en Benavente, Ponferrada y Cuéllar. También, en colaboración con el Consejo de Cuentas se celebraron unas jornadas de contratación del sector público el pasado 23 de noviembre, coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Contratos.