Amilivia entrega la Memoria a Silvia Clemente El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó hoy por unanimidad en su sede de Zamora la Memoria de actividad correspondiente al año 2016, que recoge como dato principal los 513 dictámenes emitidos con los que se ha desarrollado, desde la “independencia” de esta institución propia de la Comunidad Autónoma, un “control previo de legalidad en la actuación de todas las administraciones”. Así lo resaltó el presidente del órgano de control, que también ejerce la competencia de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Mario Amilivia, en un plenario presidido por Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León.

Con la asistencia de diversas autoridades de Castilla y León, representantes de las demás instituciones propias, y del mundo social y económico de la región, el presidente del órgano de control resaltó que van a cumplirse el próximo 9 de abril los 15 años de la aprobación de la Ley que reguló la composición y funciones del Consejo Consultivo, que desarrolló el Estatuto de Autonomía con ocasión de su redacción en 1999. “15 años en los que se han emitido más de 13.700 dictámenes jurídicos en distintos procedimientos administrativos en los que ha aportado una garantía jurídica, una garantía de legalidad para la Administración y los administrados”. La presidenta de las Cortes destacó la confianza que los informes del Consejo Consultivo generan entre ciudadanos y administraciones.

En su intervención, Amilivia remarcó la “eficacia” y “eficiencia” acreditadas en el último ejercicio ya que el 81% de los dictámenes solicitados se emitieron en un promedio de 14,6 días hábiles, lo que supuso una importante reducción del plazo de 20 días fijados en la Ley Reguladora.

Significó también la “calidad” de los dictámenes aprobados por la Institución en asuntos, algunos de ellos, que no solamente han tenido una “gran complejidad jurídica”, sino también una “import Imagen del plenario, en la sede ante trascendencia pública” y “hemos podido comprobar con satisfacción cómo su auctoritas se ha visto reforzada al haber sido aceptados los dictámenes por las administraciones que los solicitaron”. El grado de seguimiento de los dictámenes por las administraciones en 2016 fue del 97,07% “expresión de garantía y seguridad en términos jurídicos”, precisó.

Dictámenes que –prosiguió Amilivia- se aprobaron con “capacidad de acuerdo y de consenso” por parte del Consejo, “un ejercicio más sin ningún voto particular”. Como última nota distintiva de la función consultiva desarrollada en el último año, el presidente del superior órgano consultivo destacó la “independencia acreditada objetivamente al combinar dos principios de actuación, el de la unanimidad en la aprobación de sus dictámenes y el de la aceptación casi total de las consideraciones en ellos expuestas por las administraciones consultantes”.

Función consultiva que se ha desarrollado con “voluntad de acercamiento y proximidad”, celebrando jornadas específicas de formación con las Cortes de Castilla y León y el resto de instituciones propias, a las que se añaden las llevadas a cabo en colaboración con las Diputaciones Provinciales de Burgos, Palencia, León y Salamanca, dirigidas a los empleados públicos, y que han continuado en el presente año en Segovia y en El Bierzo. El presidente abundó en esta línea de proximidad de la Institución las 450 visitas registradas en la página web en 2016, “lo que revela que se ha convertido en una eficaz herramienta para las administraciones, operadores jurídicos y ciudadanos”.

Los 513 dictámenes del ejercicio 2016 supusieron el 3,7% de todas las consultas dictaminadas desde el inicio de sus funciones en el año 2003 y hasta la actualidad, que ya superan los 13.700.

De los informes emitidos, 299 derivaron de consultas de la Administración Local, 211 de consultas de la Administración Autonómica y 3 de las Universidades públicas. Todos los dictámenes, a excepción de 5 de carácter facultativo, tuvieron su origen en consultas preceptivas.

El 70% de los dictámenes aprobados (359) derivaron de consultas de responsabilidad patrimonial, el 10,9% (56) de consultas de revisión de oficio, el 5,2% (27) de consultas de contratación administrativa, el 4,7% (24) de consultas sobre recursos administrativos, idéntico porcentaje registraron los reglamentos ejecutivos dictaminados (24) y el 1,56% (8) de consultas de modificación de planes urbanísticos. El resto, con porcentajes inferiores al 1%, derivaron de consultas sobre concesiones administrativas, convenios y acuerdos, recursos de inconstitucionalidad y régimen local.

Las provincias en las que las administraciones iniciaron el mayor número de consultas fueron León 87, Burgos 78 y Valladolid. Les siguieron Salamanca 69, Palencia 53, Segovia 46, Zamora 41, Ávila 19 Intervención del presidente y Soria 16. Un total de 31 consultas no tuvieron carácter provincializado.

En relación a los 359 dictámenes de responsabilidad patrimonial aprobados en 2016, las consultas sobre daños generados por el deficiente estado del mobiliario urbano –especialmente las aceras- concentraron 99, casi el 30% del total, seguidas de las consultas por otros daños debidos al funcionamiento de distintos servicios públicos, que registraron 88, el 24,5%. Destacaron también las consultas en el ámbito sanitario, que dieron lugar a 85 dictámenes, el 23,7%, y las referentes a los accidentes por el mal estado de las calzadas, 56 dictámenes, el 15,6%. El conjunto de las indemnizaciones reclamadas en estas consultas de responsabilidad patrimonial alcanzó los 40,3 millones de euros. Desde 2003 el Consultivo ha aprobado 11.900 dictámenes en los que ha depurado la responsabilidad patrimonial, contribuyendo al ahorro de mucho dinero público.

Todas las capitales de provincia, excepto Soria, remitieron consultas al Consejo. El Ayuntamiento de Valladolid se ha incorporado a la nómina de corporaciones locales que presentan consultas tras no hacerlo desde la creación del Consejo Consultivo.

Función como Tribunal de Recursos

En la faceta añadida del Consultivo como Tribunal de Recursos Contractuales, Amilivia subrayó que al cumplirse 5 años de su entrada en funcionamiento “ha experimentado una actividad creciente”. A 31 de diciembre de 2016 había resuelto 401 asuntos, interviniendo en contratos públicos recurridos que alcanzaban una cuantía de 3.286 millones de euros. Durante 2016 resolvió 92 recursos, siendo el plazo medio de resolución de los asuntos de 32 días desde la interposición del mismo. Sólo 5 recurrentes acudieron a la vía contenciosa y la suma de las cuantías de los recursos resueltos ascendió a 673.354.444,93 euros.

Además de definir al Tribunal como “instrumento de eficiencia, garantía de control rápido y efectivo”, Amilivia asentó que en estos años “ha contribuido a dar certidumbre y seguridad jurídica, fijando la doctrina jurídica aplicable” y anunció que “previsiblemente, como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley de Contratos, el recurso especial en materia de contratación deje de ser potestativo para ser preceptivo, así como que se modifique el umbral económico de los contratos y se aumenten los actos susceptibles de recurso especial, lo que podría conllevar, en su caso, la necesidad de reforzar la estructura del Tribunal”.

Al tratarse de “asuntos de especial trascendencia”, anunció Amilivia la celebración de unas jornadas sobre la nueva Ley de Contratos, una vez aprobada, “en la que participarán todos los tribunales de recursos contractuales de nuestro país y que irá dirigida a todas las administraciones de Castilla y León, así como una reunión de coordinación con el resto de tribunales de recursos, coincidentes con las mismas”.


Consejo Consultivo de Castilla y León